American Marconi Wireless News - Chavismo se arma con leyes políticas tras reclamo opositor a reelección de Maduro

El gobernante de izquierda fue proclamado con el 52% de los votos para un tercer mandato de seis años, hasta 2031. La oposición liderada por María Corina Machado reivindica la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del 28 de julio, lo que el mandatario ha considerado como una incitación a un "golpe de Estado" y a una "guerra civil".

Su reelección desató protestas que dejaron 25 muertos, 192 heridos y más de 2.200 detenidos, en medio de llamados de Estados Unidos, Europa y varios países de América Latina para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) presente el escrutinio detallado de la elección.

El presidente de la unicameral Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le anunció a Maduro que se dedicará en el actual periodo de sesiones a la tarea de "aprobar un paquete de leyes que usted ha solicitado para poder cuidar y defender a nuestra población del odio".

El chavismo tiene 256 de 277 diputados de la Asamblea Nacional. El paquete de leyes incluye la regulación de redes sociales, una ley para castigar el "fascismo", término con el que el gobierno también suele referirse a sus detractores, y otra para regular las oenegés.

Esta última aparece en el primer punto del orden del día de la sesión convocada para este martes a las 18h00 GMT.

- "Fachada" de terrorismo -

Las oenegés son blanco frecuente de ataques desde el poder.

"Hay muchas organizaciones no gubernamentales que son la fachada para el financiamiento de acciones terroristas", señaló Rodríguez en un acto el lunes con Maduro. Un "discurso estigmatizador", según Gina Romero, relatora especial de Naciones Unidas para la Libertad de Asociación.

La primera discusión se remonta a 2023, aunque su contenido ha sido modificado luego que su promotor, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, acusara a 60 organizaciones de maniobras de "desestabilización".

Según el proyecto, las organizaciones deben inscribirse en un registro local y declarar vías de financiamiento, normalmente extranjero.

El incumplimiento también implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares.

"Están reglamentadas en casi todas partes del mundo, pero en Venezuela no", protestó Rodríguez.

En la región hay normas similares en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

Romero lamentó además que la reanudación del debate se realice "en un contexto de feroz represión postelectoral", que crea "clima de temor generalizado".

- Redes y fascismo -

"Venezuela necesita reglamentar el funcionamiento de las redes sociales", expresó también Rodríguez.

Maduro asegura que las redes están siendo utilizadas para atacar su reelección: suspendió por 10 días la red social X tras acusar a su propietario, Elon Musk, de incitar al odio y al fascismo; promueve también un boicot contra WhatsApp.

"Es una escalada en el sistema de censura (...), el gobierno identifica las redes sociales como el mecanismo a través del cual la gente logra informarse", explicó recientemente a la AFP Giulio Cellini, director de la consultora política Log Consultancy.

Rodríguez propuso incorporar en una polémica norma que castiga hasta con 20 años de cárcel "delitos de odio", muy usada contra opositores, "elementos relacionados con siembra de odio en las redes sociales".

Maduro de hecho pidió "mano de hierro y justicia severa" frente "a la violencia" y "delitos de odio", que atribuye a Machado y González Urrutia.

Ya en el pasado pidió cárcel para ambos, que pasaron a la clandestinidad.

En agenda está igualmente la "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares", aprobada también en primera discusión y que castiga la promoción de reuniones o manifestaciones que hagan "apología al fascismo".

También plantea la ilegalización de partidos políticos y multas de hasta 100.000 dólares para empresas, organizaciones o medios que financien actividades o difundan información que "incite al fascismo".

"Prácticamente cualquier cosa es fascismo" para el gobierno, cuestionó Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, en una entrevista con la AFP en mayo.

B.Finley--AMWN