American Marconi Wireless News - El expresidente del Gobierno español Zapatero defiende su inocencia tras imputación por tráfico de influencias

El político socialista se convirtió en el primer exjefe del Gobierno español en democracia en ser imputado.

La Audiencia Nacional, una jurisdicción con sede en Madrid, lo convocó el 2 de junio para ser interrogado por el juez José Luis Calama.

El magistrado ordenó registros este martes en la oficina de Zapatero en Madrid y de otras tres empresas, una de ellas perteneciente a las hijas del exmandatario, según medios españoles.

Zapatero, al frente del Ejecutivo entre 2004 y 2011, es señalado como el líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", indicó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La trama utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" para ocultar el origen y destino de los fondos, agregó.

Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

"Toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad", respondió Zapatero en un video divulgado a la prensa, donde aseveró que "jamás" realizó "ninguna gestión ante ninguna administración pública (...) en relación con el rescate de Plus Ultra".

"Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España", subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto "a colaborar con la justicia".

- Un rescate controvertido -

Plus Ultra recibió un préstamo de 53 millones de euros (unos 62 millones de dólares) de dinero público en marzo de 2021, coincidiendo con la pandemia de covid-19.

Entonces, sólo cubría rutas con Ecuador, Perú y Venezuela, con cuatro Airbus A-340.

Sin embargo, la compañía se benefició del préstamo de emergencia otorgado por el Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez gracias a un fondo especial de 10.000 millones de euros destinado al rescate de empresas "estratégicas" en dificultades por la pandemia.

Las pesquisas se centran en una empresa de consultoría de un allegado de Zapatero, que habría actuado como intermediario financiero para pagar comisiones ocultas.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición de derecha, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.

Ábalos, en prisión, es investigado por corrupción y a la espera de veredicto en un juicio por irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

- "La musa del 'sanchismo'" -

La imputación de Zapatero levantó críticas del Partido Popular (PP, derecha).

"Zapatero es la musa del 'sanchismo' (como se refieren al Gobierno de Pedro Sánchez, ndlr) y esa musa está imputada", lanzó el PP. "El principio que vincula a los dos últimos presidentes del Gobierno de España" socialistas "es la corrupción", agregó.

El Gobierno, de su lado, pidió respetar "la presunción de inocencia" de Zapatero, según dijo su portavoz, Elma Saiz.

Bajo la presidencia de Zapatero se produjo "la mayor transformación social de nuestro país con avances en derechos, en justicia social" y se "derrotó a la banda terrorista ETA", defendió Saiz.

Las actuaciones judiciales contra Zapatero se conocen dos días después de que el Partido Socialista encajara una nueva derrota electoral, en Andalucía, la región más poblada de España, donde ganó la derecha.

Además de Ábalos, varios miembros del entorno de Sánchez son objeto de investigaciones judiciales, entre ellos su hermano David, quien será juzgado próximamente por tráfico de influencias, y su esposa, Begoña Gómez.

Hasta ahora, ningún presidente del Gobierno ni expresidente había sido procesado en España, aunque casi todos ellos desde el fin de la dictadura -como Sánchez, el también socialista Felipe González y los conservadores Mariano Rajoy y José María Aznar- fueron citados a declarar como testigos en investigaciones o juicios.

J.Williams--AMWN