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Un tribunal suspende la evacuación de un barrio pobre de la isla francesa de Mayotte
Un tribunal suspendió la evacuación de un barrio pobre de Mayotte previsto este martes en el marco de una operación contra la delincuencia y las viviendas insalubres en este territorio del océano Índico, donde Francia lanzó una ofensiva contra la inmigración irregular.
La evacuación de la barriada, situada en las cercanías de la capital Mamoudzou, fue suspendida ya que la justicia constató la existencia de una vía de hecho, debido a las condiciones de desalojo las personas opuestas a la expulsión consideraron "irregulares".
Poco después de la hora prevista para la expulsión se dieron enfrentamientos esporádicos entre jóvenes locales y la policía, desplegada en gran número, constató lae AFP.
Las más de 100 familias de la barriada "Talus 2" situada en Koungou habían preparado sus efectos personales para abandonar el lugar, por lo que acogieron con satisfacción la decisión judicial.
"Estoy muy contenta. Fuimos ante el tribunal y ganamos. No se destruirá nada", declaró a la entrada del barrio de chabolas Mdohoma Hadja, una habitante de 33 años.
La prefectura de Mayotte anunció a la AFP que recurrirá la decisión.
La decisión supone el segundo revés para las autoridades franceses, después que Comoras se negara a acoger a los migrantes irregulares expulsados de este territorio francés.
En el marco de la operación "Wuambushu" (recuperación, en mahorés), París desplegó unos 1.800 policías y gendarmes para expulsar a migrantes y destruir chabolas.
A Mayotte llegan cada año miles de migrantes a bordo de embarcaciones improvisadas, llamadas "kwassa kwassa", en peligrosas travesías desde Comoras y de la región africana de los Grandes Lagos y de Madagascar.
Mayotte, donde un 77% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, cuenta con unos 350.000 habitantes y casi la mitad carece de nacionalidad francesa, según el organismo de estadística Insee.
Un tercio de estos migrantes, que viven en barrios insalubres llamados "bangas", nació además en este archipiélago de tamaño similar al Estado insular antillano de San Vicente y las Granadinas.
La población los acusa de la situación de inseguridad y de desequilibrar los pocos recursos del archipiélago.
Las asociaciones de defensa de los derechos humanos expresaron su preocupación por esta operación.
O.Johnson--AMWN