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La Audiencia de Sevilla desestima los recursos contra exconsejero y altos cargos por el caso Cofrutex
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado los recursos de apelación presentados por el exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, y otros 17 antiguos altos cargos del Gobierno andaluz. Con esta resolución, se confirma que deberán responder en juicio oral por su presunta participación en la concesión irregular de un aval a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por el exconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía, Francisco Vallejo, junto a otros 17 antiguos altos cargos del ejecutivo autonómico. Esta resolución judicial cierra una fase procesal clave y confirma que estos 14 responsables públicos, sumados a tres empresarios, deberán comparecer en el juicio oral por su presunta participación en hechos constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
El tribunal provincial ha ratificado los autos dictados el pasado 10 de noviembre por los que se rechazaba la solicitud de archivo de la causa, manteniendo así la apertura del procedimiento abreviado. Los magistrados han fundamentado su decisión en la existencia de indicios racionales de criminalidad suficientes para no descartar una posible condena final. El núcleo de las acusaciones gira en torno a la concesión de un aval por parte del Instituto Andaluz de Desarrollo Empresarial (IDEA) a la cooperativa agroalimentaria Cofrutex, por un importe aproximado de 1,26 millones de euros, otorgada "sin trámite ni control alguno".
En el auto dirigido específicamente al exconsejero Vallejo, los magistrados señalan que es coherente concluir de modo provisional que, actuando como miembro del Consejo Rector del IDEA, tuvo una participación activa en los hechos denunciados. El tribunal considera que el relato de los hechos recogido en la resolución impugnada es perfectamente compatible con las imputaciones de prevaricación y malversación. Por esta razón, se desestima el intento de sobreseimiento solicitado por la defensa, argumentando que no cabe pretender el cierre de la causa cuando existen indicios de que el investigado permitió la concesión del aval mediante su participación en la decisión adoptada por el órgano colegiado.
Los autos detallan que dicha decisión se tomó sin atender a razones de legalidad ni con criterios no arbitrarios. Se destaca que el Consejo Rector autorizó la concesión de un aval propio sin concretar el objeto ni la finalidad del crédito que se iba a garantizar, sin establecer las garantías de devolución del préstamo por parte de Cofrutex y sin contar con el informe de análisis sobre la viabilidad del plan de negocio. Según la resolución judicial, la intervención de Vallejo en este órgano facilitó que se dispusiera de fondos públicos como garantía para una operación de préstamo suscrita en beneficio exclusivo de la cooperativa.
Esta garantía pública tuvo consecuencias económicas directas: supuso la liberación de 1.180.000 euros más comisiones, dado que Cofrutex no abonó el préstamo avalado. Los magistrados subrayan que los indicios recabados durante las diligencias de investigación permiten sostener la posibilidad de que recaiga finalmente una condena, por lo que se ratifica la continuación del procedimiento abreviado contra el recurrente.
La Audiencia también ha rechazado el recurso presentado por la defensa de F. R. M., quien dirigió durante tres décadas el Gabinete Jurídico de la Junta en la etapa socialista. En otro auto firmado el 10 de noviembre, se aplica una lógica similar: se considera coherente concluir provisoriamente que, de forma probable, este exresponsable tuvo participación activa en los hechos. El tribunal le atribuye responsabilidad por su vinculación al Consejo Rector y, por tanto, a la conformación de la voluntad del órgano colegiado que autorizó el aval.
El contexto legal de estas resoluciones se remonta a las actuaciones del juez instructor José Ignacio Vilaplana. En septiembre, en relación con la pieza avales del Grupo TPM e Inversiones Plásticas TPM SL, el magistrado ya había acordado que no existían motivos para un sobreseimiento, una decisión que requiere un grado de seguridad mayor. La resolución actual de la Audiencia Provincial confirma esa línea interpretativa, estableciendo que los indicios de criminalidad son bastantes y que la causa debe seguir su curso normal hacia el juicio oral.
La cooperativa Cofrutex se encontraba en situación de quiebra cuando recibió el rescate mediante este aval. La investigación judicial ha centrado su atención en la irregularidad del proceso de concesión, señalando la ausencia de los controles habituales que debían garantizar la solvencia y la legalidad de la operación. La decisión de mantener la causa abierta implica que tanto Vallejo como los demás exaltos cargos y empresarios implicados deberán enfrentar un juicio donde se determinará su responsabilidad penal por estos hechos.
P.Stevenson--AMWN