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La izquierda española fracasa en reformar la polémica ley de seguridad
El proyecto para reformar una polémica ley española conocida como "mordaza", juzgada represiva por sus detractores, fracasó este martes después de que dos aliados del gobierno de izquierdas votaran en su contra en comisión parlamentaria.
Negociado desde hacía más de un año por los partidos de izquierda en el poder y sus aliados parlamentarios habituales, el texto concluyó sin éxito su recorrido parlamentario, por lo que la vieja ley que la derecha aprobó en 2015 seguirá en vigor.
Parece complicado que la izquierda encuentre una alternativa antes de las elecciones legislativas de finales de año.
Los independentistas catalanes de ERC (Izquierda Republicana de Cataluña) y los separatistas vascos de Bildu explicaron su negativa a apoyar el proyecto de ley del gobierno del socialista de Pedro Sánchez porque no prohibía el uso de pelotas de goma por parte de la policía, ni tampoco la devolución inmediata de los inmigrantes irregulares.
Jon Iñarritu, diputado de Bildu, explicó en la televisión vasca que rechaza un texto que mantiene "el corpus represivo de la 'ley mordaza' anterior".
El partido minoritario de la coalición de gobierno de Sánchez, la formación de izquierda radical Podemos, que sí apoyó la reforma, culpó a sus socios socialistas de la falta de apoyo a la ley, acusándolos de no mostrar voluntad de acuerdo con ERC y Bildu.
Esta ley "de protección de la seguridad ciudadana", aprobada en 2015 bajo el gobierno conservador de Mariano Rajoy, prevé fuertes multas en caso de manifestaciones no autorizadas, o para aquellas tentativas de impedir desahucios de viviendas.
Implantada en plena ola de manifestaciones contra los recortes del gasto público, la ley provocó la repulsa de organizaciones de los derechos humanos como Amnistía Internacional y la izquierda había prometido cambiarla.
"Hubiera sido deseable esta derogación, nosotros creíamos que apoyando esta iniciativa dábamos cumplimiento a nuestro compromiso y es una pena", dijo a la prensa la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez.
El texto que proponía el gobierno contemplaba varios cambios, como la reducción de las diferentes multas, esgrimieron los socialistas.
D.Sawyer--AMWN